Ley del 45%, la demanda que enfrenta a provincias de Tarija
Un enfrentamiento institucional se avizora en el departamento de Tarija. La Asamblea Legislativa Departamental (ALDT) ha agendado para el próximo 22 de octubre el tratamiento de un proyecto de ley que modifica la distribución de las regalías hidrocarburíferas, un tema sensible que ha llevado a la Región Autónoma del Chaco a declararse en «estado de emergencia y vigilancia permanente», mientras que desde el otro lado, Padcaya, Bermejo y Entre Ríos presionan por esta norma.
La chispa que encendió la mecha fue el anuncio de que la ALDT debatirá el proyecto de «Administración y distribución de recursos económicos por Regalías Hidrocarburíferas de Tarija», impulsado por organizaciones cívicas y campesinas de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos. Estas regiones argumentan que, a pesar de tener producción gasífera, han visto cómo los recursos se concentran en el Chaco, y exigen su «derecho histórico» a una participación justa.
Sin embargo, para el Chaco, esta iniciativa no es solo una redistribución, sino un ataque directo a lo que consideran una «conquista histórica y social transcendental». Así lo dejaron plasmado en el Voto Resolutivo N° 01/2025, emitido el 14 de octubre por los Comités Cívicos de Yacuiba, Villa Montes y Carapari, los tres municipios que conforman la región autónoma.
Una conquista que se defiende
El documento, firmado por los máximos representantes cívicos del Chaco, es un manifiesto de unidad y una advertencia firme. En sus considerandos, se remontan a «una ferviente y valerosa lucha del pueblo chaqueño por más de 30 años», que culminó con la «asignación directa del 45% proveniente del 11% departamental» que recibe Tarija como departamento productor.
Este acuerdo, fundamentado en la Ley N° 3470 de Creación de la Región Autónoma del Gran Chaco y su Estatuto Autonómico, es para ellos un «legado sagrado» que ahora se ve amenazado. La resolución no solo ratifica la unidad del pueblo chaqueño para defender su autonomía e integridad, sino que exige a las autoridades departamentales y nacionales el «estricto cumplimiento» de las leyes que la amparan.
El punto más contundente es el tercero, donde se «declaran en estado de emergencia y vigilia permanente ante cualquier intento, acción o norma que pretenda menoscabar, debilitar o desvirtuar las bases de la autonomía del Gran Chaco». Anticipan una resistencia férrea y movilizaciones si el proyecto avanza.
La otra cara de la moneda
Frente a esta postura, el argumento de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos es simple, justicia distributiva.
El asambleísta departamental por el MAS y vocal de la directiva de la ALDT, José Yucra, se ha convertido en uno de los voceros más claros de esta posición.
En declaraciones a El País, Yucra justificó la agenda del proyecto argumentando que busca hacer justicia con regiones que por años han estado produciendo gas en su territorio y no han recibido regalías. Lanzó cuestionó que el Chaco, acapare hasta por lo que no produce.
Yucra reveló que el proyecto cuenta con informes favorables de las comisiones de Constitución y Finanzas de la ALDT, lo que validaría su procedencia legal. «Si o si lo tenemos que tratar», afirmó, dejando claro que la directiva está decidida a someterlo a votación. «Serán los asambleístas quienes definirán su aprobación», mencionando que la responsabilidad lo tendrá el pleno.
¿Separación del departamento?
Sobre este tema, el asambleísta por Todos, Jorge Sanguino, lamentó que este proyecto de ley se esté gestando ahora con tintes electorales, pese a que en anteriores ocasiones han existido pronunciamientos del Servicio Estatal de Autonomía (SEA) que aparentemente quita potestad a la ALDT a tratar este tipo de normas, cuando existe una normativa nacional que está por encima.
